Directorio de Abogados Verificados en Chile
La contratación con el Estado se rige por la Ley 19.886 y se gestiona a través del portal Mercado Público. Las empresas deben inscribirse en ChileProveedores y participar en licitaciones públicas, licitaciones privadas o tratos directos según el monto y la naturaleza del bien o servicio. Las bases de cada proceso fijan los requisitos administrativos, técnicos y económicos que debe cumplir el oferente.
La Contraloría fiscaliza el uso de los recursos públicos y controla la legalidad de los actos de la administración del Estado. Toma razón de los contratos y decretos más relevantes, puede representarlos por ilegalidad y emite dictámenes vinculantes que interpretan la normativa. Para una empresa que trabaja con el sector público, conocer su jurisprudencia es clave para evitar observaciones que paralicen un contrato.
Una empresa puede impugnar una licitación mediante recursos administrativos ante la entidad licitante o mediante reclamo ante el Tribunal de Contratación Pública. Las causales típicas son evaluaciones que no se ajustan a las bases, modificaciones irregulares o adjudicaciones sin fundamento. Los plazos son breves (10 días hábiles para el reclamo judicial), por lo que es esencial actuar de inmediato.
