Rodrigo Borneck

Desde el momento de la detención en Chile, toda persona tiene derechos garantizados por la Constitución y el Código Procesal Penal: derecho a conocer la razón de la detención, a ser conducido ante el juez en el menor tiempo posible (dentro de 24 horas), a comunicarse con un familiar o persona de confianza, a contar con un abogado (defensor penal público si no tiene uno particular), y a no declarar contra sí mismo. Cualquier declaración obtenida sin respetar estos derechos puede ser excluida como prueba en el juicio oral.

La Policía de Investigaciones (PDI) actúa bajo la dirección del Ministerio Público en la investigación penal en Chile. Sus diligencias principales incluyen: control de identidad, detención en flagrancia, allanamientos (con orden judicial), peritajes, levantamientos de huellas, análisis forenses, interceptaciones telefónicas (con autorización judicial) y vigilancias. En crímenes y simples delitos, la PDI puede actuar de forma autónoma en situaciones de urgencia pero debe informar inmediatamente al fiscal. El imputado tiene derecho a saber qué diligencias se realizaron en su contra.

Las medidas cautelares personales en Chile van desde la menos gravosa a la más intensa: firma mensual ante el tribunal, arraigo nacional, prohibición de acercamiento a víctima, reclusión nocturna, y la más grave, la prisión preventiva. Esta última solo puede decretarse cuando existe peligro para la seguridad de la sociedad, peligro de fuga o riesgo de obstaculizar la investigación. El abogado defensor puede solicitar sustitución de medidas en cualquier momento, especialmente si han cambiado las circunstancias que las motivaron.

La flagrancia en Chile está definida en el Art. 130 del Código Procesal Penal: existe cuando el imputado es sorprendido en el acto de cometer el delito, justo después de cometerlo, mientras es perseguido, o cuando se le encuentra con objetos o huellas que hagan presumir su participación reciente. En situación de flagrancia, cualquier persona (no solo la policía) puede detener al sujeto y entregarlo a Carabineros o la PDI. La detención en flagrancia tiene efectos sobre los plazos procesales y la forma en que se desarrolla la audiencia de control.

Los acuerdos reparatorios son una salida alternativa al juicio oral en Chile, regulada en el Art. 241 del Código Procesal Penal. Consisten en un acuerdo entre el imputado y la víctima mediante el cual el primero repara el daño causado (en dinero, prestaciones o conductas) y a cambio se extingue la acción penal. Solo proceden en delitos que afectan bienes jurídicos disponibles (como lesiones leves, hurtos, daños) y no en delitos de violencia intrafamiliar, crimen organizado ni delitos con penas de crimen. Deben ser aprobados por el juez de garantía.