Penalista
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Gonzalo Meneses Elizondo

Ex Ministerio Público
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Soy Gonzalo Meneses Elizondo, abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con más de 13 años de experiencia en derecho penal. Trabajé como asesor jurídico en tres Fiscalías Regionales Metropolitanas y como Fiscal Subrogante en la Región de Los Lagos, con más de 250 causas penales tramitadas, incluyendo más de 90 causas en Corte de Apelaciones y más de 100 en juzgados de garantía y tribunales orales de las regiones V a XII. Ofrezco defensa penal estratégica, atención directa sin intermediarios y primera consulta sin costo.

Trayectoria profesional

  • Abogado PUC Chile
  • Ex asesor jurídico en tres Fiscalías Regionales Metropolitanas
  • Ex Fiscal Subrogante Región de Los Lagos
  • Más de 250 causas penales en regiones V a XII

Casos que atiende

  • Delitos sexuales
  • Delitos económicos y fraudes
  • Homicidio y delitos violentos
  • Manejo en estado de ebriedad
  • Violencia intrafamiliar (VIF)
  • Causas en Corte de Apelaciones
  • Defensa e imputados en juicio oral

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la audiencia de control de detención en Chile?

La audiencia de control de detención debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la privación de libertad, ante el juez de garantía. En ella, el juez verifica si la detención fue legal. Si fue ilegal, el imputado debe ser puesto en libertad y la prueba obtenida puede ser excluida. Si fue legal, el fiscal puede formalizar la investigación en la misma audiencia o pedir ampliación del plazo. Es el primer momento procesal relevante y una oportunidad clave para la defensa: un buen abogado puede obtener la libertad del imputado y establecer las bases de la estrategia de defensa.

¿Cuándo puede actuar el fiscal sin orden judicial en Chile?

El Código Procesal Penal chileno establece que ciertos actos del Ministerio Público requieren autorización judicial previa del juez de garantía, como: allanamientos, interceptaciones telefónicas, incautaciones, registro de lugares cerrados, y diligencias que afecten derechos fundamentales. Sin embargo, en situaciones de urgencia o flagrancia, la ley permite actuar sin orden previa, debiendo comunicarse inmediatamente al juez para que ratifique la diligencia. Si el juez no la ratifica, los antecedentes obtenidos no pueden ser usados como prueba.

¿Qué son los delitos sexuales y cómo se investigan en Chile?

En Chile, los delitos sexuales se investigan con protocolos especiales para preservar la evidencia y proteger a la víctima. La Unidad de Atención de Víctimas del Ministerio Público coordina con el SAMU, hospitales y el SML la toma de muestras biológicas (en las primeras 72 horas es crítico). El perito de víctimas del SML realiza una evaluación médica y el psicólogo forense evalúa el daño psíquico. La declaración de la víctima suele ser grabada en video para evitar su revictimización en juicio. La privacidad de la víctima está protegida durante todo el proceso.

¿Qué pasa si un testigo miente en un juicio oral en Chile?

El falso testimonio en Chile es un delito tipificado en el Art. 206 del Código Penal, que sanciona al testigo que en causa judicial afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte. La pena es presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años). En caso de falso testimonio que cause condena injusta, las penas son mayores. Los testigos son advertidos de este delito antes de declarar en el juicio oral. La defensa puede hacer valer el falso testimonio mediante recursos procesales e incluso denunciarlo ante el fiscal para iniciar una nueva investigación.

¿Cuáles son las penas de la ley de drogas en Chile?

La Ley 20.000 de estupefacientes establece distintas figuras y penas en Chile: tráfico ilícito (presidio mayor, entre 5 años 1 día y 20 años según la cantidad y el rol); microtráfico, que se distingue del tráfico por la cantidad reducida de droga (presidio menor en su grado medio a máximo: 541 días a 5 años); porte para consumo personal (falta de 30 a 50 UTM); y cultivo de plantas (equiparado al tráfico según cantidad). La distinción entre tráfico y porte para consumo es una de las más debatidas judicialmente, ya que depende de factores como la cantidad, el fraccionamiento, la presencia de dinero y la declaración del imputado.

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