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Carlos Alvear

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Soy Carlos Alvear, de Alvear y Asociados, abogado penalista con más de 16 años de experiencia especializado en la defensa de víctimas de fraudes y estafas: bancarias, en inversiones, criptomonedas, marketplace y otros delitos económicos. Hemos sido consultados por medios nacionales por nuestra experiencia en este tipo de casos.

Ofrecemos evaluación sin costo, acción legal completa (denuncia o querella y demanda de indemnización para recuperar tu dinero), honorarios transparentes y atención 100% online en todo Chile.

Trayectoria profesional

  • Más de 16 años de experiencia en fraudes y estafas
  • Consultados por medios nacionales
  • Acción legal completa: querella e indemnización
  • Atención 100% online en todo Chile

Casos que atiende

  • Estafas bancarias
  • Fraudes en inversiones
  • Estafas en criptomonedas
  • Fraudes en marketplace
  • Delitos económicos
  • Querellas por estafa
  • Recuperación de dinero defraudado

Preguntas frecuentes

¿Cómo denunciar una estafa en Chile y qué evidencia reunir?

Para denunciar una estafa en Chile, el primer paso es presentar una denuncia en Carabineros o la PDI, o directamente interponer una querella criminal ante la fiscalía. La evidencia más importante incluye: comprobantes de transferencias bancarias, capturas de pantalla de conversaciones (WhatsApp, correos, redes sociales), contratos o documentos firmados, publicaciones o anuncios que generaron el engaño, datos del estafador (RUT, nombre, número de cuenta, teléfono), y testimonios de otros afectados si los hay. En estafas digitales, actuar rápido es crítico: las cuentas bancarias de los estafadores pueden bloquearse con una orden judicial expedita.

¿Qué es la estafa informática o ciberfraude en Chile?

La estafa informática o ciberfraude está tipificada en Chile por la Ley 21.459 (2022) y el Art. 197 del Código Penal en algunos casos. Incluye: phishing (páginas falsas que imitan bancos o instituciones), smishing (SMS fraudulentos con links maliciosos), vishing (llamadas haciéndose pasar por el banco), fraudes en plataformas de venta (MercadoLibre, Facebook Marketplace), y estafas de inversión por WhatsApp o redes sociales. La BRICEF de la PDI investiga estos delitos con técnicas forenses digitales. Es fundamental guardar toda la evidencia digital sin modificarla.

¿Qué pasa si me estafaron con una inversión falsa en Chile?

Las estafas de inversión (también llamadas estafas piramidales o Ponzi) en Chile pueden constituir los delitos de estafa, administración desleal, o incluso captación ilegal de dinero del público (delito bancario). La CMF (Comisión para el Mercado Financiero) puede actuar contra entidades que operen como banco o administradora de fondos sin autorización. Para las víctimas, el camino es la querella criminal para intentar recuperar el dinero mediante medidas cautelares sobre los bienes del estafador. El éxito depende de actuar rápidamente antes de que los activos sean transferidos o disipados.

¿Cuánto tiempo tengo para denunciar una estafa en Chile?

El plazo para denunciar una estafa en Chile depende de la prescripción de la acción penal, que para la estafa (delito con pena de simple delito) es generalmente de 5 años desde que se cometió el delito. Sin embargo, actuar lo más pronto posible es fundamental por razones prácticas: la evidencia digital se borra, las cuentas bancarias se vacían, y los testigos olvidan detalles. Algunos plazos específicos: para bloquear cuentas bancarias del estafador mediante medida cautelar real, idealmente se debe actuar dentro de las primeras horas o días del fraude.

¿Qué medidas cautelares se pueden solicitar en una causa por estafa en Chile?

En una investigación por estafa en Chile, el querellante puede solicitar al fiscal y este al juez de garantía distintas medidas cautelares reales para asegurar la recuperación del dinero: retención de cuentas bancarias del imputado, prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes específicos, arraigo nacional (para evitar la fuga), y en casos complejos, la designación de un administrador provisional de bienes. Estas medidas deben solicitarse con urgencia antes de que el imputado disipe su patrimonio. El juez las decreta cuando hay antecedentes que hacen plausible el delito y el peligro de que los bienes desaparezcan.

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